El Sáhara Occidental, una tierra rica en recursos naturales incluyendo fosfatos y pesca, está situada al sur de Marruecos, al norte de Mauritania y al oeste de Argelia. Su larga costa se extiende a lo largo del Océano Atlántico y su población originaria es la saharaui. Actualmente es uno de los 17 territorios del mundo catalogados por Naciones Unidas como «no autónomos».

Conocida como la última colonia africana, el Sáhara Occidental estuvo bajo el dominio español hasta 1975, cuando España se retiró del territorio y permitió que Marruecos y Mauritania lo invadieran. Marruecos acompañó la invasión militar con una campaña de repoblación a gran escala, conocida como la Marcha Verde, y cientos de miles de civiles marroquíes se asentaron en el territorio con la promesa de incentivos financieros. Unos días después de la invasión, el Secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, presionó por privado al Consejo de Seguridad de la ONU para que celebrara un voto amañado que evitara críticas hacia Marruecos, su aliado histórico. La Administración Ford trabajó en la sombra para apoyar la pretensión marroquí sobre el territorio.

Conocida como la última colonia africana, el Sáhara Occidental estuvo bajo el dominio español hasta 1975, cuando España se retiró del territorio y permitió que Marruecos y Mauritania lo invadieran.

El gobierno marroquí lanzó una campaña de represión que se ha extendido durante décadas, con torturas, desapariciones, asesinatos y otras violaciones de DDHH contra saharauis a favor de la independencia que viven en el territorio ocupado. Miles de saharauis huyeron de la invasión y se adentraron en el desierto, dejando atrás familias y hogares. Marruecos les bombardeó con napalm y fósforo blanco desde aviones de guerra de fabricación francesa. Estos casos de asesinato, torturas y desapariciones sentaron la base de una querella por genocidio presentada por víctimas saharauis ante la Audiencia Nacional de España.

La población saharaui que huyó al exilio se asentó en el Desierto del Sáhara cerca de la ciudad de Tinduf, en el suroeste de Argelia, en una zona cedida por el gobierno argelino. Las mujeres construyeron y organizaron los campamentos de refugiadxs, mientras que la mayoría de los hombres se unieron al Frente Polisario, el movimiento de liberación saharaui, y entraron en guerra con Marruecos. El ejército de Marruecos, con el apoyo militar de EEUU, desplazó al Polisario hasta el desierto oriental del Sáhara Occidental y construyó el segundo muro más largo del mundo con la ayuda de las compañías armamentísticas estadounidenses Northrup y Westinghouse. Esta barrera fortificada de 2.720 km de longitud, patrullada por 150.000 soldados marroquíes y con unos 7 millones de minas terrestres, divide a saharauis que viven bajo ocupación marroquí de sus familiares exiliados en los campamentos de Tinduf.

En el Sáhara Occidental se encuentra el segundo muro más largo del mundo. Esta barrera fortificada de 2.720 km de longitud, patrullada por 150.000 soldados marroquíes y con unos 7 millones de minas terrestres, divide el territorio en dos.

Mauritania se retiró del Sáhara Occidental en 1979. La guerra entre el Polisario y Marruecos terminó en 1991 con un acuerdo de alto el fuego negociado a través de Naciones Unidas y la promesa de un referéndum «libre y justo» sobre la autodeterminación para el pueblo saharaui.

Aunque varias resoluciones de la ONU han pedido la celebración de un referéndum, Rabat se ha negado persistentemente a permitir que se lleve a cabo la votación. Están en juego poderosos intereses económicos y estratégicos que incluyen la riqueza de los recursos naturales del territorio: fosfatos, aguas ricas de pesca y la promesa de petróleo en alta mar.

En noviembre de 2020, después de 29 años de alto el fuego, Marruecos lanzó una operación militar en una zona de amortiguamiento del Sáhara Occidental, cerca de la frontera con Mauritania, para disolver violentamente una sentada pacífica de civiles saharauis que habían interrumpido el tráfico para protestar contra un movimiento ilegal. Una carretera construida utilizada por Marruecos para transportar mercancías saqueadas del Sáhara Occidental. Se rompió el alto el fuego y se reanudó el conflicto armado entre el Polisario y Marruecos. Semanas después, el 10 de diciembre, el expresidente estadounidense Donald Trump reconoció ilegalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental —el único país del mundo que lo hizo— a cambio de la normalización diplomática entre Israel y Marruecos como parte de los Acuerdos de Abraham.

Tanto Estados Unidos como Francia, aliados políticos cercanos de Rabat, se han mostrado reacios o han bloqueado directamente los intentos en el Consejo de Seguridad de la ONU de obligar a Marruecos a celebrar un referéndum. Este estancamiento político significa que lxs refugiadxs saharauis en los campamentos, ya al final de una cuarta década de exilio, no tienen ninguna esperanza inmediata de regresar a su tierra natal. Lxs refugiadxs corren un riesgo particular de ser arrestadxs si intentan regresar al Sáhara Occidental ocupado, mientras que los del territorio ocupado que visitan los campamentos a veces son arrestadxs al regresar.

Mientras tanto, la ocupación militar marroquí del Sáhara Occidental se ha vuelto cada vez más represiva con el encarcelamiento, la desaparición y la tortura de defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas saharauis. Reporteros sin Fronteras calificó al Sáhara Occidental como un “agujero negro informativo”. Por lo general, a lxs periodistas internacionales se les prohíbe la entrada y los movimientos de quienes logran entrar, se controlan de cerca y se restringen sus actividades periodísticas. La mayoría de lxs observadorxs internacionales de derechos humanos tienen prohibido el acceso al territorio, y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Sáhara Occidental, conocida como MINURSO, es la única misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el mundo que no tiene un mandato de derechos humanos.

Activistas de video saharauis filman manifestaciones y represión desde los techos y hogares, proporcionando algunas de las únicas imágenes de violaciones de derechos humanos disponibles para la comunidad internacional.

En marzo de 2022, Marruecos filtraba parte del contenido de una carta del Gobierno de España en el que éste variaba su posición histórica sobre el conflicto y avalaba el plan de autonomía propuesto por Marruecos, que choca frontalmente con las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional. La decisión del Gobierno de España no cuenta con el refrendo del Consejo de Ministros y se ha topado con el voto en contra de todo el Congreso de los Diputados y Diputadas, con la excepción del PSOE.

La ONU continúa apostando por una solución con un «compromiso pleno (de las partes)», lo que anula la decisión unilateral de la autonomía. Mientras, en Europa se aguarda la resolución del recurso presentado a finales de 2021 por la Comisión Europea después de que en septiembre de ese año el Tribunal General Europeo invalidara los acuerdos comerciales y de pesca entre Marruecos y la Unión Europea que afectan al Sáhara Occidental, por entender que su firma ha de realizarse con el Frente Polisario, reconocido por el Tribunal como el legítimo representante del pueblo saharaui.