Ayer 17 de diciembre arrancó la 2ª edición de FiSahara Madrid que, hasta el próximo domingo 19 de diciembre, trae el Sáhara Occidental hasta el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Más de 200 personas disfrutaron de una sesión inaugural que giró alrededor del expolio de los recursos naturales que tiene lugar en este territorio.
Tras una bienvenida por parte de la directora ejecutiva de FiSahara, María Carrión, y el director nacional de Cine y Teatro del ministerio saharaui de Cultura, Tiba Chagaf, que recordó «hacer cultura en un campo de población refugiada es un auténtico desafío», se proyectó el documental #SultanaLibre, producido por Équipe Média, que relata el arresto domiciliario ilegal al que Marruecos está sometiendo desde hace más de un año a la activista y presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa los DDHH y en Contra del Expolio de los Recursos Naturales, Sultana Jaya, habiendo sido torturada y violada en varias ocasiones durante ese espacio de tiempo.
Al estremecedor documental le siguieron las proyecciones de Delivery, Ocupación SA y Sólo Son Peces, presentada Ana Serna, una de sus directoras que en la pasada edición de los Goya compitió con esta cinta en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. Las tres películas sirvieron como carta de presentación del posterior coloquio sobre el expolio, revelando nombre de directivos, políticos y empresas como Mercadona, Cepsa, Siemens Gamesa o Repsol que se benefician del expolio del Sáhara Occidental.
“Comemos pescado robado”
Moderado por Carrión, el conversatorio contó con la participación de Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, que no dudó en afirmar que “estamos comiendo pescado robado”, en relación a los acuerdos de pesca declarados ilegales hasta en cinco ocasiones por la Justicia Europea, pese a lo cual la Unión Europa –y España como máxima beneficiaria- continúa incluyendo al Sáhara Occidental en los acuerdos suscritos bilateralmente con Marruecos.
La última sentencia del Tribunal General de Europa el pasado 29 de septiembre, que anulaba dichos acuerdos, ha sido recurrida in extremis por la Unión Europea. Juan Soroeta, profesor titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, calificó de “auténtico escándalo ver a España posicionarse del lado de Marruecos en este recurso sobre el Sáhara Occidental”. Arabi, por su parte, indicó que “el recurso es un intento a la desesperada del Gobierno de España y en particular del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por reestablecer las relaciones con Marruecos”.
El representante saharaui admitió que “esperábamos el recurso, pero la sentencia a favor del pueblo saharaui es tan nítida que sería muy descarada una sentencia contraria, aunque todo es posible cuando se supedita la economía al derecho internacional”. En este sentido, la jurista y politóloga Shaba Messaud, que participó en el equipo saharaui que logró la victoria judicial en septiembre, describió “los intentos barriobajeros por parte de la UE para impedir que el Tribunal General de Europa (TGE) fallara a nuestro favor”. En su relato, Messaud habló de cortes de internet durante el proceso o, incluso, la presentación por parte de la UE de consentimientos del acuerdo de pesca habiendo sido consultados únicamente colonos y empresas promarroquíes, algo que la sentencia del TGE rechazó.
Soroeta subrayó durante el coloquio que el TGE no sólo reconoce al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui y lo habilita para participar en cualquier proceso judicial, sino que “expresamente indica que la Unión Europea no puede aceptar la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos”.
A por las empresas expoliadoras
Una de las intervenciones más aplaudidas durante el coloquio fue la de Erik Hagen, miembro de la junta directiva de Western Sahara Resource Watch (WSRW), al que la propia Carrión calificó de “cazador de expoliadores”. Desde WSRW ya han conseguido que más de una docena de compañías dejen de comerciar con fosfatos procedentes del Sáhara Occidental, habiendo reducido el negocio del expolio en billones de dólares.
Hagen admitió la dificultad de hacer mella en los políticos a los que el poder del lobby marroquí alcanza, aunque precisó que “las empresas son mucho más vulnerables y se les puede convencer de otros muchos modos”. En su opinión, “las empresas tienen una reputación, unos empleados, unos clientes, unos sindicatos… que pueden posicionarse en contra del expolio”.
El activista noruego hizo un llamamiento para actuar y presionar a las compañías a través de las asociaciones de usuarios y consumidores, exigiendo que no se comercie ilegalmente con productos fruto del expolio del Sáhara Occidental, ya sea en el campo de la alimentación, los minerales, los combustibles o la energía limpia.
En esta línea, Arabi criticó uno de las últimas artimañas puestas en marcha por Marruecos para blanquear su ocupación ilegal: el llamado greenwashing, explotando energías limpias en este territorio con parques eólicos y fotovoltaicos. El delegado saharaui afirmó que “tenemos conocimiento de que en los próximos dos días atracará un barco en un puerto español para cargar aerogeneradores para partir hacia el Sáhara Occidental”.